Abocam Abogados ha conseguido para sus clientes, varias sentencias estimatorias de recursos interpuestos ante el TSJC contra Fira de Barcelona, Ayuntamiento de L´Hospitalet y de Barcelona, por las expropiaciones del Polígono Pedrosa, extremo que significa el aumento de las indemnizaciones por expropiación percibidas por el Jurado Provincial de Expropiación.

 

- Jurisprudencia: Resolución de contrato de permuta:

 El artículo 1504CC relativo a la resolución de contrato de compraventa de inmuebles no cabe para la permuta:

El Tribunal Supremo entiende que la resolución del contrato de permuta, cuando existe oposición de alguna de las partes debe realizarse judicialmente y que el artículo 1504CC no es aplicable a la permuta porque carece de precio cuyo impago de lugar a la resolución, sino que se trata de cambio de cosa por cosa; no exactamente un simple trueque, sino la obligación de entregar una cosa por una parte y la otra, obligación de entregar otra cosa, sin perjuicio de que una de ellas pueda ser futura.

El Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación interpuesto por el Gobierno de Canarias contra la sentencia del TSJ de Canarias que estimó en parte el recurso contencioso administrativo interpuesto porla Administración Generaldel Estado contra el Plan Director dela Reserva Naturalde Montaña Roja.

Esta sentencia establece claramente que el límite entre aguas interiores y exteriores es el que marca la competencia de la comunidad autónoma ex artículo 148.1.11 dela CE, como señala gráficamente el Tribunal Constitucional en Sentencia 31/2010 de 28 de junio, al señalar que las aguas exteriores o mar territorial no es territorio autonómico

 De todo el equipo de Abocam Abogados,  les deseamos:

“BON NADAL I UN 2012 PLE DE REPTES QUE ENS PERMETIN CREUREEN NOSALTRES MATEIXOS I ARRIBAR A SER EL QUE DESITGEM”

Siempre al lado de nuestros clientes, ahí donde lo necesiten 

Barcelona- Vielha- Olot- Madrid- Roma-Vicenza- Florencia- Palermo- Bogotá- Buenos Aires

1.-Los administradores absueltos conocieron la precaria situación social al cierre del ejercicio 2001 y adquirieron la sociedad para reflotarla presentando un plan de viabilidad de la mutua y sus filiales

TS, Sala Primera, de lo Civil, 19-5-2011

2.-El plazo de prescripción de la acción de responsabilidad de los administradores no estaba prescrito, porque la simple inactividad social no supone cese ni tampoco el abandono de hecho de la sociedad

TS, Sala Primera, de lo Civil, 4-4-2011.

 3.-El plazo de prescripción de la responsabilidad de los administradores sociales comienza a contar desde la inscripción de su cese en el Registro Mercantil

TS, Sala Primera, de lo Civil, 21-3-2011

 4.-El administrador, siendo plenamente conocedor de la situación social, vendió la actividad más importante de la empresa para remitir su importe a otra sociedad, contribuyendo notablemente a la causación del concurso

TS, Sala Primera, de lo Civil, 14-3-2011.

 5.-Los administradores no responden por actos u omisiones posteriores a su cese, aunque este no se inscribiera porque la inscripción no es constitutiva, salvo excepciones por el principio de buena fe del tercero

TS, Sala Primera, de lo Civil, 5-2-2011

 6.-Ni la caducidad del nombramiento ni el convenio de suspensión de pagos con nombramiento de liquidador son suficientes para que comience el plazo de prescripción de la acción de responsabilidad por deudas sociales

TS, Sala Primera, de lo Civil, 23-11-2010

 7.-Responsabilidad de los administradores sociales por el vaciamiento patrimonial de la sociedad anónima y la derivación de sus activos tangibles e intangibles, infringiendo el deber de diligente administración del art. 225.1 LSC

TS, Sala Primera, de lo Civil, 4-11-2010

 8.-Si se interrumpió el plazo de prescripción de la acción de responsabilidad contra los administradores sociales por la prejudicialidad del previo proceso penal contra estos

TS, Sala Primera, de lo Civil, 3-11-2010

 9.-No se instó acción de responsabilidad solidaria del administrador, pero su actuación fraudulenta, subsumible en la doctrina del levantamiento del velo, demuestra la utilización abusiva de su sociedad

TS, Sala Primera, de lo Civil, 19-10-2010

10.-Negligencia del administrador y vendedor, a su vez, de las participaciones de Culmarex, S.A., que usó un balance inexacto, dañando al comprador mediante la ocultación de pasivos que incidieron en el concurso de la sociedad

TS, Sala Primera, de lo Civil, 14-10-2010

 11.-No es incongruente declarar aplicable el levantamiento del velo cuando la controversia se centró en las vinculaciones de las sociedades e, incluso, en los pagos irregulares realizados entre estas

TS, Sala Primera, de lo Civil, 4-10-2010

 12.-Una vez que concurra la conducta prevista por la norma, en caso de existir causa de disolución, la presentación de la solicitud de suspensión de pagos no libera al administrador de su responsabilidad

TS, Sala Primera, de lo Civil, 27-9-2010

 13.-Condena solidaria a los administradores de la sociedad limitada vendedora, porque desde 1997 existía causa de disolución que no instaron hasta interpuesta la demanda

TS, Sala Primera, de lo Civil, 7-9-2010

 14.-Responsabilidad del administrador al no constar su cese y no estar prescrita la acción de responsabilidad, constando, además, requerimientos de pago

TS, Sala Primera, de lo Civil, 7-9-2010

 

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite en su integridad el recurso de casación interpuesto contra la Stc. del TSJC sobre la ordenanza municipal de prohibición de entrada en espacios públicos a personas con vestimenta propia de la religión islamica

Principales modificaciones introducidas en el proceso contencioso-administrativo, vigentes desde el 31 de octubre:

- Competencia: se atribuye a los Juzgados el conocimiento de las resoluciones dictadas en materia de extranjería no solo por la Administración periférica del Estado, sino también por las comunidades autónomas. En cuanto a la competencia territorial, se incluyen los supuestos de responsabilidad patrimonial entre aquellos en los que se admite el fuero electivo (el Juzgado o Tribunal del domicilio del demandante o de la sede del órgano autor del acto impugnado).

– Prueba: se suprime el trámite de proposición de prueba, pasando a efectuarse en los escritos de demanda y contestación, en los que no solo debe pedirse el recibimiento a prueba, sino también los medios de prueba que se proponen.

– Procedimiento abreviado: se amplía a 30.000 euros la cuantía litigiosa de los pleitos que se tramitarán por sus cauces y se prevé la posibilidad de que se falle sin necesidad de vista, cuando así se solicite en la demanda y las demandadas no soliciten su celebración dentro de los 10 primeros días del plazo otorgado para contestarla.

– Recursos: se elevan las cuantías de acceso (apelación 30.000 euros, casación 600.000 euros, casación para la unificación de doctrina -estatal y autonómico- 30.000 euros).

– Medidas cautelares: se regulan con mayor detalle las medidas cautelarísimas, permitiendo al órgano judicial que aprecie la especial urgencia y cite a comparecencia, deniegue la medida cautelar inaudita parte o no aprecie la urgencia y la tramite conforme a las reglas generales, añadiendo la posibilidad de alegaciones por escrito en vez de comparecencia. También se prevé la intervención del Ministerio Fiscal en materia de extranjería, asilo y condición de refugiado que impliquen retorno y el afectado sea un menor de edad).

– Costas procesales: se impone el criterio del vencimiento objetivo también para los procesos en primera o única instancia.

Aunque el responsable de la avería fue RIM, las indemnizaciones deben aplicarlas las operadoras que prestan este servicio en España.

En el ámbito comunitario, los derechos  de los usuarios de telecomunicaciones se recogen principalmente en la Directiva 2002/22/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva del servicio universal).

En ámbito nacional, el marco legislativo es el RD 899/2009 (B.O.E. de 30 de mayo) por el que se ha aprobado la carta de derechos del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas que, manteniendo los derechos ya existentes, incluye nuevas garantías en las relaciones con los operadores.

Los  operadores están obligados a respetar los siguientes derechos, entre otros, el “Derecho a la continuidad del servicio, y a una indemnización en caso de interrupciones” lo que implica:

•  Derecho a indemnización por la interrupción temporal del servicio telefónico disponible al público.

•  Derecho a compensación por la interrupción temporal del servicio de acceso a Internet.

•  Determinación de los usuarios afectados por una interrupción del servicio telefónico móvil o de acceso a Internet móvil.

 Los afectados en España por la avería de BlackBerry tienen derecho a la indemnización automática y proporcional al tiempo sin servicio por parte del operador, en la próxima factura.

L´Interlocutòria nº119/2011 de la Secció 2a de l’Audiència Provincial de Girona dóna per liquidada la hipoteca amb el lliurament del pis, per entendre abusiu l´obligatorietat de seguir pagant una vegada el valor de l´adjudicació supera el valor del deute.

El 30 de septiembre de 2011, Abocam Abogados y sus socios italianos, han acordado en Roma, la constitución de una nueva Red Internacional de Abogados, con el fin de satisfacer las necesidades legales  de los clientes con vocación internacional y siempre más exigentes. Con esta decisión, los socios de la Red han decidido abrir a  nuevos socios europeos y mundiales la posibilidad de integrarse en la referida Red y así fortalecer sus estructuras y servicios a sus Clientes internacionales.

Il 30 di settembre del 2011, Abocam Abogados ed i suo soci italiani. hanno accordato in Roma, la costituzione di una nuova  Rete Internazionale di avvocati, con l’obbiettivo di soddisfare le richieste legali di una clientela con vocazione internazionale e sempre piú esigente. Con questa decisione. i soci della Rete, hanno deciso apripre a nuovi soci europei e del resto dei Paesi, la possibiltá di integrarsi alla riferita Rete, e cosi fortificare le lore strutture e servizi, a vantaggio dei loro Clienti internazionali.

Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.

Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa.

Ley Orgánica 7/2011, de 15 de julio, de modificación del artículo 160 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

Ley Orgánica 8/2011, de 21 de julio, complementaria de la Ley del Registro Civil, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

Ley Orgánica 10/2011, de 27 de julio, de modificación de los artículos 31 bis y 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.